Generación ciudadana: utopía o realidad

Eduardo Soto Sepúlveda
CEO | Phineal

12 DE ABRIL, 2017

La promulgación de la ley 20.571 fue creada en el gobierno de Piñera y luego ratificada en el gobierno de Bachelet el 20 de febrero del año 2012. La ley entró en vigencia el 6 de septiembre del 2014 y la normativa técnica se publicó casi un mes después,  el 22 de octubre del 2014. ¿Qué ha pasado hasta la fecha con las instalaciones fotovoltaicas inscritas bajo esta ley?,  ¿cuáles son sus proyecciones de crecimiento en Chile?, ¿cuáles son las principales barreras para el desarrollo de la fotovoltaica a nivel residencial y en las PYMEs?

En octubre del año pasado asistí a un evento organizado por el GIZ y el Ministerio de Energía donde vi con gran atención la exposición de la presentación de Christian Santana, Jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, sobre los avances en materia de generación distribuida. Les comparto la presentación.

Dentro de los gráficos que me llamaron la atención, hubo uno donde se proyectaba exponencialmente la potencia instalada y conectada bajo la Ley 20.571 con los registros que lleva la SEC de la instalaciones fotovoltaicas. Es interesante que este tipo de actividades permita dar a conocer  el despliegue de trabajo del gobierno y del sector privado,  mostrando los resultados después de 2 años de entrada en vigencia de la normativa que regula estos sistemas en instalaciones de clientes regulados.

¿Qué ha pasado hasta la fecha con las instalaciones fotovoltaicas inscritas bajo esta ley?

A septiembre del 2016 se encontraban conectados y regularizados 392 sistemas de generación que suman una potencia de 4,3MW.

Para profundizar un poco más en estos números, en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía (CNE) existe un programa de información abierta denominada “Energía Abierta” donde existe un informe que resume todas las instalaciones regularizadas hasta la fecha, tomando como fuente la Superitendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La información de las instalaciones inscritas en la SEC se puede ver en el siguiente enlace.

La información más actualizada se puede encontrar en el “Reporte de ERNC” mensual de la CNE. El reporte de Marzo 2017 (pág.10) presenta un registro de 6,576 MW y una cantidad de 921 instalaciones que cuentan con el formulario TE4 aprobado (fuente: CNE, SEC).

En el siguiente gráfico se muestran las instalaciones inscritas en la SEC y la potencia instalada hasta la fecha.

 

Para ser más precisos, solicitamos a través del portal de consultas de la SEC (por Ley de Transparencia) el listado de las instalaciones que cuentan con el Formulario Nº6, o sea, que poseen el contrato de conexión y el proceso terminado para la compra de inyecciones de energía a la red eléctrica (listado y carta de respuesta de solicitud de información).

A continuación se muestra un gráfico con la evolución de las instalaciones que cuentan con este proceso terminado según la información proporcionada por las empresas distribuidoras

La suma de la potencia conectada de las instalaciones fotovoltaicas bajo la Ley 20.571 es de 4,024 MW hasta febrero 2017. La región que posee más instalaciones regularizadas hasta la fecha es la región de Atacama, seguida por la región Metropolitana y la región del Bío-Bío.
“La suma de la potencia conectada de las instalaciones fotovoltaicas bajo la ley 20.571 es de 4,024 MW hasta febrero 2017”

Programa de Techos Solares Públicos

El Programa Techos Solares Públicos (PTSP) es una iniciativa del Ministerio de Energía inserta en la Agenda de Energía, orientada a instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de los edificios públicos, con el objeto de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico para autoconsumo. Tiene una duración de 4 años a partir del 2015 y cuenta con un presupuesto de USD 13 millones.

En el sitio Web oficial del Ministerio de Energía se encuentra la información relevante de este programa  http://www.minenergia.cl/techossolares/

Este programa ha afectado positivamente el escenario de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica nacional, además de promover las tecnologías y capacitar a la ciudadanía en temas técnicos.  Las empresas instaladoras han participado de procesos de licitaciones públicas para realizar diversas instalaciones en edificios públicos a lo largo del país, teniendo una contribución de una potencia de más de 3 MW hasta la fecha (potencia obtenida desde la gráfica) y según información del programa más de 61 instalaciones regularizadas que suman una potencia de 1,98MW a marzo del 2017.

Fuente: Programa de Techos Solares Públicos, Ministerio de Energía
Uno de los resultados ampliamente expuestos por el PTSP es su contribución a la baja de los costos de las instalaciones fotovoltaicas debido a las licitaciones. A continuación un resumen de la reducción del costo de inversión de las instalaciones [USD/Wp] de las instalaciones adjudicadas en las licitaciones.
“Después de analizar los datos de las instalaciones fotovoltaicas que realmente se encuentran en operación tenemos 4,024MW oficialmente conectados bajo Ley 20.571. Las instalaciones regularizadas por la SEC (TE4) serían 6,576MW de las cuales 1,98MW corresponden al Programa de Techos Solares Públicos.”

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas en Chile?

La única cifra que hemos encontrado disponible en fuentes oficiales de gobierno es la que propone el Programa Estratégico Solar de CORFO (PES) y tiene como meta alcanzar los 250MW en sistemas conectados bajo el esquema de generación distribuida en el año 2025 (ver hoja de ruta).

Actualmente,  en Chile, se encuentran operando más de 1.100MW y 1.067MW en construcción (según reporte de la CNE) de plantas fotovoltaicas de gran escala, lo que correspondería al 12% (considerando la suma) de la potencia propuesta por el PES para el año 2025 en sistemas de generación distribuida. Considerando un escenario optimista de crecimiento se tendrían que instalar más de 2,3MW por mes para cumplir esta meta.

Fuente: Programa Estratégico Solar de CORFO
“Considerando un escenario optimista de crecimiento se tendrían que instalar más de 2,3MW por mes para cumplir esta meta.”

Utilizando información de la evolución de las instalaciones y regularizaciones realizadas desde el 22 de octubre del 2014,  cuando fue publicada la norma técnica de sistemas de generación distribuidos,  a la fecha, fueron confeccionados 3 escenarios posibles de evolución de la potencia instalada bajo Ley 20.571 hasta el 2025.

Es claro que la meta de 250MW propuesta por el Programa Estratégico Solar es ideal, sin embargo, la tendencia de las instalaciones es más lenta de la deseada. En la siguiente gráfica se muestra el escenario considerando inclusive el efecto de las instalaciones del Programa de Techos Solares Públicos para las proyecciones.

Las proyecciones consideran la tendencia de instalaciones regularizadas hasta la fecha (fuente SEC). Sin embargo estas proyecciones poseen una importante desviación debido a que el Programa de Techos Solares Públicos posee 1,98MW regularizados lo que nos da una potencia de 6,576MW – 1,98MW = 4,596MW que no se encuentran dentro del programa gubernamental. Esta cifra representa sólo un 1,83% de lo esperado en el año 2025.
“Estas cifras son preocupantes debido a la lenta implementación de medidas que aceleren las instalaciones fotovoltaicas. El efecto de los programas gubernamentales no son suficientes para alcanzar las metas propuestas en el país más solar del mundo.”

¿Cuáles son las principales barreras para el desarrollo de la fotovoltaica a nivel residencial y en las PYMEs?

Se ha avanzado mucho en materia de regulación de los procesos normativos y conocimiento adquirido por las empresas e instituciones en materia de instalaciones fotovoltaicas en los últimos años. Las principales barreras que dificultan el crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas son las siguientes:

  • Alto costo de inversión en instalaciones de menor tamaño.
  • Bajo nivel de autoconsumo de las instalaciones fotovoltaicas residenciales. Las inyecciones se pagan a un menor precio.
  • Bajo nivel de conocimiento de la tecnología, riesgos, niveles de inversión, desconfianza en la ley de generación ciudadana.
  • Lentitud en los procesos de tramitación de las instalaciones fotovoltaicas (formularios en la SEC y empresa distribuidora).

Mencionaré 5 mecanismos que podrían ayudar a incrementar el número y potencia de las instalaciones fotovoltaicas en Chile:

1. Contar con una plataforma unificada para la tramitación de los formularios, pagos y seguimiento de los proyectos fotovoltaicos que entren en el proceso de regularización de instalaciones bajo Ley 20.571.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles recientemente lanzó una plataforma para realizar los trámites del formulario TE4, lo que facilitará en gran medida el proceso de regularización de las instalaciones fotovoltaicas. Para poder acceder a esta plataforma se debe ingresar a través del siguiente enlace http://ww15.sec.cl/edeclaradorTE4/usuario_sec.jsp

Esta plataforma se encuentra recientemente en operación y permitirá el seguimiento de los procesos de comunicación con los instaladores eléctricos autorizados, los clientes y las empresas distribuidoras. Este es un gran avance en materia regulatoria y esperemos que a corto plazo se implemente toda la tramitación y pago de modo online.

2. Multas para las empresas distribuidoras que dificulten el proceso de conexión y pago único regulado por el proceso de conexión de sistemas fotovoltaicos.

El proceso de conexión y cobros por parte de las empresas distribuidoras ha sido lento y dificultoso. Sin embargo, se reconoce el avance en esta materia y la SEC ha sido un organismo que ha permitido acelerar los procesos de conexión de los sistemas a la red eléctrica bajo la ley.

Es interesante ver que las empresas distribuidoras tampoco permitan instalar medidores bidireccionales en los empalmes nuevos, siendo que cuentan con los protocolos de calibración y certificación exigidas por la SEC. Si en un empalme donde se realiza un TE1 (proceso de regularización de una instalación eléctrica) permitieran instalar este tipo de medidores, se reducirían los costos para el cambio de medidor y se facilitaría el proceso de puesta en servicio de ellos (TE4 y Formulario 6). Es claro que la autoridad en esta materia tiene mucho que hacer.

Considerando que el marco normativo es bastante claro, debería implementarse un mecanismo de multas a las empresas distribuidoras si se retrasa en las partes del proceso que corresponden a la entrega de formularios y protocolo de conexión de las instalaciones, multas por cobros indebidos en las boletas y facturas, entre otros aspectos, con el fin de resguardar los tiempos y costos de conexión de un sistema de generación distribuida.

3. Pago de las inyecciones de instalaciones fotovoltaicas a la red eléctrica mayor para sistemas menores a 10kW.

Se ha hablado mucho de la “injusticia” sobre el costo diferenciado de la energía que se consume y que se inyecta a la red eléctrica que afecta principalmente a las tarifas BT1. Si bien existe consistencia en los argumentos técnicos y económicos de este cobro diferenciado según el organismo regulador y político, debería existir un incentivo a los generadores residenciales por el atributo de provenir de fuentes de energías renovables. Este atributo no se está considerando en las inyecciones a la red eléctrica, lo que afecta directamente en los retornos de la inversión de los usuarios que optan por esta energía (que puede ir de 7 a 11 años según su nivel de autoconsumo) . Este efecto mejoraría los retornos de la inversión e incentivaría el uso de energía fotovoltaica en hogares y empresas.

4. Incentivo a la inversión de sistemas fotovoltaicos residenciales y para PYMEs a través de entidades financieras.

Durante la implementación de la Ley 20.571 de Generación Ciudadana o Distribuida el gobierno ha sido claro en no apoyar la subvención de este tipo de tecnologías esperando que el mercado reaccione a la baja en los costos de las instalaciones, ya que se ve una tendencia a la disminución de los costos de los equipos, instalación y regularización a corto plazo para instalaciones mayores (hasta 100kW) y a mediano plazo para instalaciones pequeñas (hasta 10kW). La subvención en la energía inyectada se encuentra descartada, debido a que la ley desde su origen concibe el fomento al autoconsumo de la energía y no a las inyecciones.

La incorporación de mecanismos de préstamos o créditos blandos de mediano y largo plazo (1 a 5 años) para la inversión,  con apoyo estatal,  puede reducir la brecha del crecimiento del mercado de las instalaciones fotovoltaicas. No se trata que los usuarios no paguen la inversión, sino que puedan hacerlo en forma diferida como quien adquiere un crédito de consumo, el cual será pagado por los mismos ahorros de energía.

5. Mayor participación de entidades públicas y privadas para la implementación de programas de alto impacto en la fotovoltaica residencial y de PYMEs.

Después de revisar las cifras de crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas, vemos que el efecto de los programas implementados a nivel gubernamental no son suficientes para llegar a las cifras mínimas de un programa a nivel país, como por ejemplo lo que propone el Programa Estratégico Solar de 250MW en el año 2025 (2,3MW/mes hasta el 2025).

También  vemos que el efecto de programas,  como el de Techos Solares Públicos (PTSP), si bien ayudan a crear capacidades técnicas y normativas, generan un escenario de incertidumbre para empresas de menor tamaño que no pueden ofertar a los precios de empresas de mayor escala (con mayor capacidad financiera o bien otros factores que los benefician) haciendo creer a la ciudadanía la baja en los costos de inversión en las instalaciones. Además, si consideramos la potencia instalada,  actualmente,  el 30% de ella corresponde al PTSP.

De acuerdo al escenario de lento crecimiento de las instalaciones de generación distribuida, es claro que más actores deben contribuir a mejorar las capacidades de inversión y crecimiento para alcanzar las metas deseadas. Es por ello que el Ministerio de Energía debe abrir las instancias de participación para que los actores privados y otras organizaciones públicas contribuyan al desarrollo de un nuevo y mejorado escenario para el incremento de las instalaciones y capacidad instalada. Esto no es sólo una tarea de unos pocos, sino un trabajo colectivo de actores públicos y privados unidos por el mismo objetivo:  que la generación realmente sea ciudadana.

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